El Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) es el documento de gestión que contiene la descripción del proyecto y el análisis de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, biológico y social, a corto, mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, que permita su viabilidad, por lo cual es fundamental seguir la estructura del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Se categorizan los preventivos por el nivel de riesgo: Categoría I (DIA) para impactos leves, Categoría II (EIA-sd) para moderados y Categoría III (EIA-d) para significativos o altos, los cuales son gestionados antes de que los proyectos inicien sus operaciones para anticipar daños. Por otro lado, los correctivos (PAMA, DAAC, PAA, PAD entre otros dependiendo del sector) regulan actividades en curso que no contaron inicialmente con certificación.
Previo a la elaboración de un IGA, es vital revisar el cumplimiento del principio de indivisibilidad, evaluando el proyecto de forma integral y no por partes aisladas. El diseño del proyecto debe presentarse a nivel de factibilidad, contando con planos y detalles técnicos definitivos. El scope de un IGA es clave para definir los limites técnicos, geográficos y temporales, así como los componentes ambientales y sociales que serán evaluados.
La Línea Base debe ser exhaustiva, caracterizando los medios físico, biológico y social sin omitir componentes, asegurando que se recojan datos actualizados y detallados sobre los componentes ambientales, sociales y económicos de la zona de influencia del proyecto. La elaboración debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario que respalde la calidad técnica del estudio.
Es clave sustentar técnicamente los niveles de fondo ambientales para diferenciar impactos naturales de los generados por la propia actividad.
La identificación de impactos debe usar un análisis causa-efecto sistemático, empleando matrices técnicas reconocidas como Conesa o Leopold. La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) debe detallar planes claros de mitigación, contingencias, relaciones comunitarias y plan de abandono.
Se debe asegurar una Participación Ciudadana transparente desde el inicio, recogiendo aportes de la población para fortalecer la viabilidad social. La información tiene carácter de declaración jurada, por lo que la veracidad de los datos de campo protege al titular de futuras responsabilidades legales.
Debe respetarse la jerarquía de mitigación: priorizar evitar el impacto, seguido de minimizarlo, rehabilitarlo y, finalmente, compensarlo. Asimismo, es importante asegurar la revisión de la coherencia técnica entre los procesos operativos descritos y las medidas de mitigación propuestas.
La valorización económica de los impactos ambientales es un requisito necesario para cuantificar la afectación en términos monetarios y planificar las medidas compensatorias. Los compromisos deben ser fiscalizables y medibles, con indicadores específicos que faciliten la futura supervisión de la OEFA.